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España en la cola de la UE-27 en ayudas a la famila

Posted in Actualidad,Pastoral por padreteo en 13 mayo, 2013
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(Jesús de las Heras en ecclesia.net (Madrid, 13 de mayo de 2013).

FamiliaSuspenso. Esta es la nota que obtiene España en apoyo a la familia, ha señalado Eduardo Hertfelder -presidente del Instituto de Política Familiar (IPF)-. A pesar de que la Unión Europea ha instado a los distintos Estados miembros a que desarrollen políticas de cara a lograr un apoyo a la maternidad, la demografía, la perspectiva de familia, etc., las distintas administraciones españolas han ignorado estas directrices provocando que España no solo suspenda estrepitosamente sino que, además, sea el país que menos ayuda.

El interés creciente de la UE por la familia como pilar fundamental para salir de la actual crisis económica y superar muchos otros problemas sociales no se ha visto correspondido por España. Europa se ha dado cuenta del valor de la familia y ha elaborado una serie de recomendaciones que nuestro país ningunea sistemáticamente. La política familiar debe crear las condiciones para que los padres y las madres puedan pasar más tiempo con sus hijos, pero en España se hace caso omiso y no se desarrolla ni una política integral de familia ni se aplica la perspectiva de familia.

España es de los países que menos ayuda económicamente a la familia, ni siquiera el 0,1% del PIB en prestaciones directas. Además, las prestaciones por nacimiento no son de carácter universal, al contrario que ocurre en la mayoría de los países de la UE, y están limitadas a una renta tan baja que nueve de cada diez familias no pueden beneficiarse de ellas. Por su parte, las ayudas a las familias con necesidades especiales son tan bajas que apenas se las puede considerar una verdadera ayuda.

Otra problemática en la que incide especialmente la UE y en la que España suspende estrepitosamente es en la demografía. La población española envejece a pasos agigantados, la pirámide poblacional está invertida y, sin embargo, nuestro país no invierte decididamente en ayudas a la natalidad, lo que supone que cada año nazcan menos niños.

La conciliación de la vida laboral y familiar es otro punto en el que la UE deja claro que se debe apostar para revertir la problemática de la baja natalidad. Las encuestan demuestran que las parejas querrían tener más niños, pero sin verdaderas ayudas a la maternidad y sin políticas de conciliación que permitan a los padres estar más tiempo con sus hijos y a las madres no ser discriminadas en el trabajo, será difícil avanzar. Y aquí España suspende de nuevo, la baja por maternidad (16 semanas) está por debajo de las 18 recomendadas por la OIT mientras que la de paternidad es de tan solo dos semanas, al tiempo que muchas mujeres siguen siendo discriminadas en sus empresas por el mero hecho de ejercer su derecho a ser madres.

I. Mientras Europa ha redescubierto a la familia…

Europa ha redescubierto a la familia”. Las crisis y dificultades sociales, económicas y demográficas de las últimas décadas han hecho redescubrir a la Unión Europea que la familia representa un valiosísimo potencial para el amortiguamiento de los efectos dramáticos de problemas como el paro, las enfermedades, la vivienda, las drogodependencias o la marginalidad. Se corresponde esta preocupación con la creciente sensibilidad social ante la necesidad de proteger a la familia y los entornos de la vida familiar, de modo que la política familiar ha pasado a ser entendida como una prioridad social y pública.

En este contexto, las distintas instancias europeas (Parlamento Europeo, Consejo de Europa, etc.) han ido publicando diversos informes con recomendaciones a los Estados miembros para apoyar la institución familiar en la Unión Europea sobre temas tan importantes como “las políticas familiares y la perspectiva de familia”, “la conciliación de la vida laboral y familiar”, “la maternidad”, “la demografía”, “los derechos de los padres a la educación de sus hijos”, etc.

La selección de textos -que hemos elaborado en el IPF y que se adjunta como documento- de diferentes recomendaciones a los Estados miembros para apoyar la institución familiar en la Unión Europea, constata esta preocupación. Estas directrices abarcan los siguientes campos:

– Políticas familiares y perspectiva de familia

– Conciliación de la vida laboral y familiar y derecho a la maternidad

– Demografía

– Derechos de los padres y libertad de educación

– Derechos de la infancia.

En dichos documentos y recomendaciones se insta a los distintos Estados miembros de la Unión Europea a que se ayude a la familia y a cada uno de sus miembros con medidas de carácter político, económico, laboral, social y fiscal, promoviendo y protegiendo sus derechos para que puedan consolidar su unidad y estabilidad y su insustituible función social, esencial para el desarrollo equilibrado del ser humano y para la transmisión de los valores éticos, culturales y sociales.

El primer paso para cambiar una situación, prosigue Hertfelder, es darse cuenta de la situación de su problemática. Y en la UE se han dado cuenta de la importancia de la familia y de la necesidad de apoyarla y promocionarla para que pueda cumplir sus funciones.

… en España se incumple reiteradamente estas recomendaciones

Pero si este esfuerzo, prosigue el presidente del IPF, es evidente a nivel comunitario, en cambio, en España está ocurriendo lo contrario. España no está teniendo en cuenta las distintas recomendaciones de la Unión Europea sobre la familia. España sigue abandonando a la familia y su política familiar es casi inexistente.

Los principales incumplimientos de las recomendaciones comunitarias se pueden resumir a continuación:

1- No se desarrolla una política integral de familia ni se aplica la perspectiva de familia. No se dispone ni de un plan integral de apoyo de familia ni de ley de familia.

2- España está en el furgón de cola con respecto a las ayudas a la familia. Las ayudas económicas a las familias son insignificantes, no representan ni siquiera el 0,1% del PIB. Además, las prestaciones por nacimiento no son de carácter universal, están limitadas a una renta familiar muy baja y nueve de cada diez familias no pueden beneficiarse de ellas

3- Las ayudas a las familias con necesidades especiales son tan exiguas que apenas las ayuda.

4- España está envejecida y la pirámide poblacional está invertida. España no apuesta decididamente por invertir en políticas de ayuda a la natalidad, lo que supone que cada año nazcan menos niños y que la población española envejezca a pasos agigantados.

5- España no está preservando ni garantizando el derecho de los padres a la estabilidad conyugal y el de los hijos a vivir en un hogar estable. La Ley de divorcio exprés ha incentivado la “cultura de la ruptura” en lugar de la reconciliación, disparando las rupturas definitivas y la conflictividad y convirtiéndola en el principal problema de las familias españolas.

6- La conciliación de la vida familiar y laboral no es una prioridad política real, problema que compromete el índice de natalidad a pesar de que las parejas querrían tener más hijos.

La baja por maternidad es de 16 semanas, por debajo de las 18 recomendadas por la OIT y muy lejos de los países punteros de la UE. La baja por paternidad es de sólo dos semanas.

Las mujeres que deciden hacer uso de su derecho a la maternidad siguen siendo discriminadas en muchas empresas, lo cual repercute negativamente en la natalidad.

7- No se están respetando los derechos de los padres y la libertad de educación. España sigue imponiendo asignaturas adoctrinadoras en los colegios tales como Educación para la Ciudadanía.

Algunos datos analizados por el IPF y en el que se realiza una trazabilidad entre lo que dicen las distintas recomendaciones de la UE y lo que hace España por la familia nos ofrece una triste realidad. España suspende estrepitosamente en su protección a la familia, estando muy alejados de la Unión Europea:

1. Sin política integral de apoyo a la familia ni perspectiva de familia

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) recomienda que “la dimensión familiar se considere de forma transversal en todas las políticas europeas” debido a que muchas de las políticas que se aprueban en Europa tienen “un impacto directo sobre la vida de las familias” [Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre “El papel de la política familiar en el cambio demográfico: compartir las mejores prácticas entre los Estados miembros” (2011/C 218/02) 1.8.].

En su ‘Informe sobre la protección de la familia y del niño’, la UE reconoce la inexistencia de competencias comunitarias en el ámbito de la política familiar, pero considera necesario definir las directrices de una “política familiar integrada, que respete la libre elección de los padres, supere el enfoque estrictamente económico de las políticas que sean exclusivamente de prestación y sea una política familiar voluntarista, coherente y coordinada que ponga al niño en el centro del debate europeo y reconozca sus derechos”. De esta forma, la política familiar debe crear las condiciones para que los padres y las madres puedan pasar más tiempo con sus hijos.

Conclusión: España no está desarrollando una política integral de familia, ni dispone ni de un plan integral de apoyo de familia ni de ley de familia.

2. Las ayudas económicas a las familias españolas son de las más bajas en toda la UE, tanto por su cuantía como su no Universalidad y la nula actualización

Las prestaciones por hijos a cargo en España son insignificantes ya que no llegan ni al 0,1% del PIB. En el año 2011 se dedicaron a las distintas prestaciones familiares 1.000,67 millones de euros, lo que significó el 0,09% del PIB. Así, España es el cuarto país que menos ayudas directas dedica a las familias, sólo por delante de Polonia, Bulgaria y Lituania. Las prestaciones por hijos a cargo se sitúan en 24,25 euros al mes por cada menor, cuando la media de la UE es de 125 euros.

Sin embargo, esta exigua ayuda lleva congelada desde el año 2000 y no es de carácter universal como ocurre en la mayoría de los países de la UE-27; a ella sólo pueden acceder familias con ingresos inferiores a 11.264 euros anuales, lo que en la práctica se resume a que nueve de cada diez familias no pueden recibir esta ayuda.

Entre otras recomendaciones, la UE insta a los Estados miembros a que, si existe discriminación en sus respectivas políticas fiscales, éstas sean “de carácter positivo para las familias, especialmente para las familias numerosas” [Informe sobre el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 (A6-0033/2007). Pp.9]. En España, sin embargo, la fiscalidad penaliza a las familias

Conclusión: Las ayudas directas y fiscales a la familia española son insignificantes y nos colocan en el furgón de cola de la UE-27.

3. …sin apenas ayudas a las familias con necesidades especiales…

La UE señala la necesidad de crear “subsidios específicos” [Informe sobre el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 (A6-0033/2007). Pp.9], en particular para los casos de hijos con discapacidad, familias numerosas o nacimientos múltiples, así como para ayudar a las familias de bajos ingresos que estén a cargo de al menos tres niños.

De los mil millones de euros dedicados a las distintas prestaciones familiares en 2011, la mayor parte se destinó a ayudas a familias con hijos con necesidades específicas (el 65%). Las ayudas son para:

1- Partos múltiples: Aunque los partos múltiples representan tan solo el 2,1% de todos los partos (en el año 2011 hubo 9.629 partos dobles y 168 partos triples) de un total de 463.000 nacimientos, destinándose tan solo 23,83 millones de euros (en el 2012).

2- Familias Numerosas, monoparentales y madres discapacitadas: Es una prestación de 1.000 euros de pago único que no es de carácter universal, sino que está limitada por renta (11.490,43 euros para familias monoparentales y 17.293,82 euros para las familias numerosas). Esta restricción en los límites de ingresos hace que 9 de cada 10 familias no puedan acceder a dicha prestación. De hecho, en el año 2012 tan solo se dedicaron 22,87 millones de euros, esto es, el 2,3% de los gastos en prestaciones familiares.

3- Familias con hijos con minusvalía: Es una prestación de cuantía variable y que, a diferencia de la prestación para hijos sin minusvalía que estaba limitada por renta, es de carácter universal.

Conclusión: Aunque en España se están dando ayudas específicas a familias determinadas, éstas son de cuantía tan reducida que no cumplen su misión.

4. España suspende en ayudas al fomento de la natalidad

La Comisión Europea ha mostrado en reiteradas ocasiones su profunda preocupación ante la disminución de la natalidad y, en consecuencia, el envejecimiento de la población. Por ello, urge a sus miembros a crear “las condiciones favorables de un apoyo adaptado para quienes quieran tener hijos” [Comunicación de la Comisión. El futuro demográfico de Europa: transformar un reto en una oportunidad (COM (2006) 571 final). Pp.3]. Los sondeos encargados por este organismo revelan que en todos los países de la UE las parejas desean tener más hijos, mientras que las comparaciones internacionales ponen de manifiesto la eficacia de las políticas familiares que algunos Estados están aplicando desde hace años con el fin de crear condiciones favorables para incrementar la natalidad.

Las propuestas de la UE abarcan tres dimensiones:

  1. Reducir la desigualdad de oportunidades ofrecidas a los ciudadanos con hijos y sin hijos.
  1. Ofrecer un acceso universal a los servicios de ayuda a los padres, en particular para la educación y el cuidado de los niños de corta edad.
  1. Ordenar el tiempo de trabajo, para que los hombres y las mujeres puedan tener mejores posibilidades de formación permanentes y de conciliación entre vida privada y vida profesional.

Conclusión: Nuestro país suspende claramente en lo relativo a estas recomendaciones comunitarias. Como ya se ha citado con anterioridad, España es el cuarto país de la UE que menos ayudas dedica a las familias con menos del 0,1% de su PIB. Sólo un repunte del índice de fecundidad puede comenzar a cambiar la tendencia de envejecimiento poblacional, y para ello, las administraciones públicas deben comprender que lo que destinan en ayudas a la maternidad, a la natalidad y a las familias no es un gasto sino una inversión, y más aún en esta coyuntura de crisis, ya que el déficit de natalidad actual compromete seriamente la prosperidad, el crecimiento económico y el futuro de España.

5. Invierno Demográfico sin precedentes. El problema de la natalidad en España

El invierno demográfico es ya una realidad en nuestro país y España envejece a pasos agigantados De forma sistemática, cada año nacen menos niños. El número de nacimientos en 2011 se redujo por tercer año consecutivo hasta los 471.999, lo que supone un 3,5% menos que en 2010. De continuar con la tendencia actual, España se encamina a sufrir una reducción drástica de su población en las próximas décadas. Y según las cifras provisionales del Padrón Continuo, cuya última publicación con datos a 1 de enero de 2013 evidenciaba la primera reducción en el número de habitantes, la población española entre 0 y 3 años descendió en 84.229 niños de 2012 a 2013, mientras que las personas con 65 o más años se incrementaron en 111.084. La pirámide poblacional está invertida y la UE debe responder a dos desafíos, que son el desafío demográfico y el desafío del crecimiento económico, por lo que son necesarias unas políticas familiares que alienten el crecimiento demográfico, así como unas políticas que favorezcan la participación de las mujeres en el mercado de trabajo [Informe sobre el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 (A6-0033/2007) Pp. 12].

La edad media de la maternidad se sigue retrasando también año tras año, hasta situarse en los 31,4 años en 2011. Asimismo, el índice de fecundidad descendió de 1,38 en 2010 a 1,36 el año siguiente, cifra que sitúa a España en el furgón de cola de la natalidad de la Unión Europea, superando a tan sólo seis países de la UE-27. Los datos de 2011 hablan por sí solos: el índice de fecundidad español fue de 1,36, situándose muy lejos de la media europea (1,57) y más aún del nivel de reemplazo generacional (2,1).

Conclusión: España es una nación vieja. Un envejecimiento que se está dando por el efecto simultáneo de la pérdida alarmante y continuada de la juventud española y el incremento de la población mayor de 65 años. Ya hay más personas mayores que jóvenes. Hoy, las personas mayores de 65 años superan en más de un millón cien mil a los jóvenes menores de 15 años

6. La Ley de divorcio exprés agrava el problema de las rupturas matrimoniales, convirtiéndola en el principal problema de las familias españolas

Fomentar el bienestar de las familias es primordial ya que la mayoría de los niños, en particular los de más corta edad, crecen dentro de una familia [Informe sobre la Comunicación de la Comisión “Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los Derechos de la Infancia”. Pp.10]. En España no se está preservando ni garantizando el derecho de los padres a la estabilidad conyugal. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en España, en el año 2012, el número de rupturas familiares creció en más de 2.660 con respecto al 2011 (un 2,13% más). En total, en 2012 se produjeron en nuestro país 127.362 rupturas familiares, es decir, 349 rupturas cada día, una cada 4,1 minutos, y todo ello a pesar de la crisis económica y del descenso en el número de matrimonios.

La Ley de divorcio exprés de 2005, en lugar de resolver este grave problema para las familias, ha consolidado un proceso de ruptura definitiva sin posibilidad de reconciliación. Actualmente, más de 9 de cada 10 rupturas son divorcios, mientras que las rupturas conflictivas mantienen una tendencia al alza (en 2012, el 40,74% de las rupturas fueron conflictivas). Mientras en otros países se empieza a admitir que el descenso de la tasa de nupcialidad y la fragilidad de las parejas es un grave problema social, en España se incentiva la ruptura, ofreciendo la posibilidad de divorciarse de manera unilateral, sin alegar causa alguna y sin período previo de separación, con los efectos que esto conlleva tanto para los cónyuges como la los hijos.

Conclusión: España no está preservando ni garantizando el derecho de los padres a la estabilidad conyugal y el de los hijos a vivir en un hogar estable. La Ley de divorcio exprés ha incentivado la “cultura de la ruptura” en lugar de la reconciliación, disparando las rupturas definitivas y la conflictividad.

7. Déficit en la conciliación de la vida laboral y familiar y el derecho a la maternidad

La UE considera clave la conciliación de la vida laboral y familiar para el devenir de todos sus países miembros. En el ‘Informe sobre la conciliación de la vida profesional, familiar y privada’ se sugiere que cada Estado miembro y adherente elabore una guía de información y sensibilización con ejemplos de buenas prácticas para conciliar mejor la vida profesional y familiar, ya que las acciones de conciliación hacen que disminuyan los cambios de trabajo y el absentismo laboral y que aumenten el sentimiento de compromiso y la productividad, favoreciendo una mano de obra eficaz y motivada [Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea (A6-0290/2007) Pp.5].

Dicho informe comunitario subraya que “las políticas de reconciliación de la vida laboral y familiar son importantes para responder al desafío demográfico” [Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social europeo y al Comité de las Regiones. Igualdad entre mujeres y hombres — 2009. Bruselas, 27.2.2009 COM (2009) 77 final. Pp.4] ya que “los Estados miembros con mayores índices de natalidad también son los que más han hecho por aumentar el equilibrio entre la vida laboral y familiar de los padres y los que tienen una tasa elevada de empleo femenino”. Según la Comisión Europea, hay pruebas claras de que los países con políticas efectivas para que hombres y mujeres equilibren sus responsabilidades laborales y familiares tienen tasas de fertilidad más altas y tasas de empleo femenino más elevadas.

La UE hace hincapié principalmente en dos aspectos:

  1. Los Estados miembros deben aumentar el permiso de maternidad mínimo de 14 semanas a 18, según la recomendación de la OIT, al tiempo que deben garantizar la protección del empleo de las mujeres que se acogen a este permiso o se reincorporen al trabajo tras él.
  1. Los Estados miembros deben luchar contra la discriminación de la que son víctimas las madres por parte de los empresarios en lo que se refiere a la contratación como a la promoción.

España contempla 16 semanas de baja por maternidad, lejos de Suecia (55-68 semanas), Bulgaria (58), Noruega (47) y Dinamarca (44). De estas 16 semanas, las seis primeras son obligatorias para la madre, mientras que las otras diez se pueden repartir entre el padre y la madre de forma simultánea o consecutiva. Por su parte, el padre tiene dos semanas de baja por paternidad, permiso que iba a ser ampliado por el Gobierno a cuatro semanas pero que se quedó fuera de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 bajo el pretexto de la crisis económica.

A pesar de que las encuestas señalan que las parejas desearían tener de media 2,5 hijos, el índice de fecundidad español es de tan solo 1,36, uno de los más bajos de la UE-27. La discriminación en la maternidad por parte de las empresas afecta claramente a la natalidad de España. Son muchos los casos que testifican que, cuando las mujeres ejercen su derecho a la maternidad, comienzan los problemas como el apartamiento de las funciones propias de su puesto o incluso la pérdida misma del trabajo.

Conclusión: La falta de ayudas económicas públicas, sumado a los obstáculos sociales, culturales y empresariales, provoca que las madres españolas sean las que acceden más tarde a la maternidad en toda Europa (31,4 años en 2011) y a que su natalidad sea una de las más bajas. La conciliación de la vida familiar y laboral no es una prioridad política real. No hay legislación que realmente promueva o, al menos, tutele eficazmente el derecho a la excedencia por motivos familiares.

8. No se están respetando los derechos de los padres y libertad de educación

El ‘Informe sobre la protección de la familia y del niño’ deja claro que “la educación de los hijos compete en primer lugar a la familia y que la intervención de los poderes públicos debe considerarse subsidiaria y complementaria”, debiendo desempeñar el Estado “un papel de orientación para que la familia pueda llevar a cabo de la mejor manera esta tarea” [Informe sobre la protección de la familia y del niño (A4-004/99). Pp.27].

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en lo relativo a esta materia, incide en el derecho de los padres a garantizar la educación y enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, así como el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio.

Asimismo, el CESE considera deseable que las asociaciones que representan a la familia participen en la elaboración de las políticas de familia o que influyen en las familias, tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros.

Conclusión: La asignatura Educación para la Ciudadanía (EPC), que es de carácter adoctrinador y que ha motivado la objeción de conciencia de más de 50.000 padres de familias, sigue dándose en los colegios siendo, además, de carácter obligatorio.

9. Derechos de la infancia

El ‘Informe sobre la protección de la familia y del niño’ pide que se elabore una política familiar “coherente y coordinada que ponga al niño en el centro del debate europeo, reconozca sus derechos y responda a sus necesidades esenciales” o, lo que es lo mismo, una estrategia europea de protección de la infancia que se base en el principio “los niños primero” [Informe sobre la protección de la familia y del niño (A4-004/99). Pps.8 y 16].

Considerando el entorno familiar como el marco propicio para la protección de los derechos de los niños y su desarrollo personal, se pide a las instituciones competentes hacer todo lo posible para apoyar a las familias mediante políticas públicas adecuadas. Una estrategia para los derechos del niño tiene que incluir disposiciones para fomentar el bienestar de la familia y mejorar sus condiciones de vida.

Conclusión: Aumentar la tasa de natalidad pasa porque las instituciones públicas consideren a los niños como una parte central de sus políticas, lo que conlleva mejorar las condiciones de vida de las familias.

Conclusiones

Como se ha expuesto, a pesar de que la UE ha instado a los distintos países miembros que desarrollen políticas activas de cara a lograr un apoyo a la maternidad, la demografía, la perspectiva de familia, la conciliación de la vida familiar y laboral etc., las distintas administraciones españolas han ignorado estas directrices provocando que España sea uno de los países que menos ayuda a la familia de la UE-27. En definitiva, un claro suspenso para España en los temas de familia.

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